El acuerdo de Cancún: licencia para matar
Luis Hernández Navarro
El acuerdo de Cancún ha sido presentado ante la opinión pública como un avance en la lucha por enfriar el planeta. ¿Es verdad? No, no lo es. Fue un gran fracaso. Para combatir el cambio climático no hay más que una medida eficaz: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El acuerdo aprobado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16) no avanzó un solo milímetro en esta dirección.
El acuerdo de Cancún es bueno para Estados Unidos y los países desarrollados, pero es muy malo para el clima. No impide que la temperatura global aumente en más de cuatro grados centígrados. Y, como señaló con toda claridad la delegación de Bolivia, “recientes reportes científicos muestran que 300 mil personas ya están muriendo cada año por los desastres relacionados con el cambio climático. Este texto amenaza con el aumento de muertes anuales a un millón”.
Los compromisos de reducción de emisiones contemplados en el documento apenas alcanzan 60 por ciento de lo que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) indica como requerimiento para que la temperatura se eleve.
El acuerdo da permiso para matar. Más que avance es un retroceso. Las naciones desarrolladas no ofrecieron nada nuevo en reducción de emisiones ni en financiación. Por el contrario, lograron abrir los candados para dar marcha atrás a los compromisos existentes, y avalar todas las rutas de escape posibles para evadir sus responsabilidades. El texto comunica textualmente que los países acuerdan que las emisiones nacionales “deben tocar techo lo antes posible”, pero no especifica cuál es ese techo, cuándo es lo antes posible ni qué sucede a los que no lo cumplan.
El acuerdo de Cancún crea las condiciones para vaciar de contenido el Protocolo de Kyoto. El protocolo fue aprobado en 1997 en Japón, y entró en vigor en febrero de 2005. Fija límites para la emisión de gases de efecto invernadero, vinculantes, para 37 países industrializados. Estados Unidos firmó el acuerdo, pero no lo ratificó. Los 183 países que lo ratificaron fueron responsables de menos de 55 por ciento de las emisiones de CO2 de 1990.
El documento aprobado está lleno de lagunas, confusiones deliberadas e imprecisiones. Asienta, por ejemplo, que se deben completar los trabajos para prorrogar Kyoto “lo antes posible para que no haya brecha entre el primero y segundo periodo de cumplimiento”, pero no dice cómo, cuándo, dónde y en qué términos. Se trata de una formulación de buena voluntad. Por ejemplo, Japón, que se había negado a seguir adelante con el segundo periodo de cumplimiento, puede alegar que salió triunfante.
El texto de Cancún abre la posibilidad de que los objetivos de disminución de gases de efecto invernadero no sean vinculantes (como lo son ahora) y su cumplimiento sea solamente voluntario, es decir, como una llamada a misa a la que asiste quien quiere. Los países –dice el texto– se comprometen a “discutir las opciones legales para alcanzar un resultado acordado” en 2011 en la Cumbre de Durban.
El acuerdo de Cancún fue aprobado sin consenso y con una maniobra diplomática de graves consecuencias hacia el futuro. A lo largo del plenario Bolivia expresó su desacuerdo de manera razonada. La canciller Patricia Espinosa violentó el sistema de toma de decisiones de Naciones Unidas. Este tipo de resolutivos deben ser aprobados por consenso, es decir, sin votos en contra. Así ha sido siempre. Y esa norma no fue respetada. La funcionaria mexicana rompió la regla del consenso. La violación sienta un grave precedente.
Penosamente, Bolivia no fue apoyada por los países de la Alba. La dejaron morir sola, permitieron que el gobierno mexicano la aislara. Claudia Salerno, la representante de Venezuela, apostó a convertirse en la “negociadora responsable”. Al final declaró: “Yo puedo regresar a mi casa diciendo: tengo algo”. Por supuesto no aclaró qué. Algunos representantes diplomáticos de estas naciones dijeron, extraoficialmente, que las posiciones de Evo Morales eran muy radicales y no llevaban a ningún lado, y que era necesario sacar una declaración final de compromisos.
La posición de Bolivia en favor de la justicia climática en la cumbre fue absolutamente congruente con las propuestas acordadas por 35 mil personas que asistieron a la Conferencia Mundial de los Pueblos de Cochabamba en abril de 2010. En el año transcurrido desde Copenhague, esas propuestas se integraron en el texto de negociación de las partes. Sin embargo, el texto de Cancún excluyó sistemáticamente esas voces. El resto de las naciones que integran la Alba no honraron esos compromisos, a pesar de la participación de varios mandatarios de países latinoamericanos en Cochabamba.
Una pista de los intereses presentes en el acuerdo de Cancún la brindan las declaraciones de Todd Stern, el representante de Estados Unidos. Se logró un paquete equilibrado de decisiones, dijo. Añadió: “Lo que tenemos ahora es un texto que, aunque no es perfecto, es una buena base para seguir adelante”.
En Cancún no hubo un pequeño paso hacia delante, como claman ONG como Oxfam. Por el contrario, se abrió la puerta a una mayor privatización y mercantilización del clima. Tal como dijo Vía Campesina: “El balance es negativo para la humanidad, pues se abrieron las puertas al gran capital y a las trasnacionales para que continúen con sus negocios y sigan apostando con la vida”.
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