La mafia en Tlalnepantla

Un artículo publicado en la revista Proceso que describe a detalle los malos manejos de recursos por el presidente municipal de Tlalnepantla en el Estado de México. Importante leerlo y recordar los nombres, porque los corruptos mencionados o son ya diputados o pretenden contender por la gobernatura del estado.


Edil de Tlalnepantla, el mejor pagado del país; gana 421 mil pesos
Jorge Pérez Albarrán

MÉXICO, D.F., 8 de noviembre (apro).- El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, el priista Arturo Ugalde Meneses es el funcionario público mejor pagado del país.
Su sueldo, de 421 mil pesos mensuales netos, rebasa por mucho lo que ganan actualmente el presidente Felipe Calderón y el gobernador del Estado de México, El primero percibe 232 mil y, el segundo, 217 mil pesos mensuales.
Desde que asumió, por segunda ocasión, como alcalde de Tlalnepantla, en diciembre de 2009, Ugalde Meneses, sobre quien pesan denuncias de corrupción y nepotismo, se autorizó un “bono de desempeño” mensual 172 mi 927 pesos; más “otros” bonos por 394 mil 428 pesos, para un total bruto de 522 mil 355 pesos.
De acuerdo con un “Reporte de Remuneraciones de Mandos Medios y Superiores” del ayuntamiento de Tlalnepantla, elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), de esos 522, 355 pesos, el alcalde Ugalde Meneses recibe mensualmente, libres de impuestos, 421 mil 051 pesos.
Los tabuladores salariales de funcionarios del Estado de México establecen que un presidente municipal no debe de ganar más de 130 mil pesos mensuales, además de que prohíben el otorgamiento de bonos especiales.
El pasado 21 de octubre, el exregidor perredista José Luis Cortés Trejo presentó una denuncia ante el OSFEM, contra el ayuntamiento de Tlalnepantla de Báez, “por otorgarse percepciones extraordinarias sin el debido sustento legal”. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta, pese a que en su denuncia incluyó los reportes de mandos medios y superiores de los meses de enero a junio de 2010, en las que se autorizan el seguro de separación individualizado, el tabulador de sueldos. El ayuntamiento no ha sido requerido.
Mientras el alcalde y funcionarios medios y superiores del ayuntamiento cobras estratosféricas sumas gracias a los bonos especiales que se autoasignaron, el descontento social por falta de obras y servicios, así como por la creciente onda delictiva.
El secretario general del PRD en Tlanepantla, Racial Pérez Cruz, asegura que el alcalde Ugalde Meneses actúa amparado en la complacencia del gobernador Enrique peña Nieto.
Asegura que la población que ya no tolera los abusos policíacos, la burocracia administrativa, los directores prepotentes y los abusos de los parientes del alcalde priista, sobre todo sus hermanos, quienes, afirma, “controlan y reciben las cuotas” del comercio, Seguridad Pública y Desarrollo Urbano.
Para el exregidor José Luis Cortés Trejo, quien antes denunció penalmente al exgobernador Arturo Montiel Rojas y los expresidentes municipales de Tlalnepantla, Ulises Ramírez Núñez (hoy senador panista y aspirante a la gubernatura mexiquense) y Marco Antonio Rodríguez Hurtado, el otorgamiento de bonos exorbitantes a los integrantes del cabildo de Tlalnepantla es una burla para la gente de este municipio, “cansada de las pillerías de panistas y priístas, que en complicidad con perredistas se sirven con la cuchara grande” de los recursos públicos.
Considerado como un hombre autoritario, soberbio de la “vieja guardia”, Arturo Ugalde Meneses, fue líder del PRI en el Estado de México en el año 2006, y consolidó las alianzas entre su partido y Verde (PVEM), que obtuvo un impresionante crecimiento en la entidad a través del otorgamiento de diputaciones locales, regidurías y sindicaturas, gracias a las alianzas por apoyar al Revolucionario Institucional.
Cortés Trejo afirma que el otorgamiento de bonos especiales no sólo fue para funcionarios priistas, sino para panistas y perredistas, con lo cual el alcalde logró “callar, cooptar y controlar políticamente cualquier inconformidad.
Algunos, agrega el exregidor, obtuvieron plazas para hermanos, primos y hasta parejas sentimentales, de acuerdo con la denuncia por nepotismo, interpuesta por el petista Emilio Manzanilla Téllez, quien presentó y ratificó ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, la querella, que quedó asentada en el expediente: IP-D/DVM/114/2010.
En dicha denuncia, Manzanilla Téllez enumera los familiares, las áreas y los salarios de los ediles del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y PVEM que, en su mayoría, presume, “son aviadores”.
La queja del petista incluye copias de las nóminas y listas de raya de la administración municipal; y pide que se les “inicie instrucción del procedimiento administrativo y la aplicación de las sanciones que en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios se consignan”.
Tan sólo en diciembre de 2009, el ayuntamiento de Tlanepantla erogó más de siete millones de pesos en bonos extraordinarios para mandos medios y superiores, de acuerdo con el reporte del OSFEM.
Entre los funcionarios que más remuneraciones especiales recibieron, además del alcalde, destacan los tres síndicos, el prista César Ángel Soto; Miguel Ángel Olea Ramos, del Panal; y José Luis López Pavana, del PAN, quienes recibieron 384 mil pesos cada uno, mientras que los regidores obtuvieron percepciones por 210 mil pesos cada uno en diciembre de 2009.
Los regidores beneficiados son los priistas Arturo Montero Alvarado, Noelia Juárez Vergara, Luis Orihuela Márquez, Miguel Romero Espinosa, Jesús Priego Santillán, Juana Flores Torres, Dolores Acosta García y Antonio Rico González.
Así como la regidora del Panal, Eloína Juárez Vergara (hermana de la regidora priista Noelia Vergara); Mónica Miguel García, del PT; el regidor del PRD, Saúl López Maldonado y Yolanda Sánchez González, del PVEM.
También, los regidores panistas Julio César Bautista Segura, Felipe Rodríguez Hernández, Leticia Osorio Trejo, Luis Martínez Jiménez y Santa Lozada Mendiola.
Para el perredista Raciel Pérez Cruz, la corrupción y abusos del gobierno de Tlalnepantla tendrán un alto costo político para el gobernador Enrique Peña Nieto, en el año 2011 y 2012, toda vez que Tlalnepantla es un importante bastión de votos en el Estado de México.
Pero más allá de estas consideraciones políticas, agrega, “es una vergüenza que los dinosaurios sigan ejerciendo gobiernos corruptos que lastiman a la gente, porque en Tlalnepantla la delincuencia y la corrupción policíaca van de la mano. El señor director de Seguridad Pública, Fermín Monje, tiene un largo historial de corruptelas, y en Tlalnepantla los índices delictivos van a la alza, mientras los señores agentes de Tránsito se dedican a apostarse en los cruces de las avenidas principales para atracar a los automovilistas, a fin de cubrir las altas cuotas a las que los tienen sometidos sus mandos superiores”.

Cómo EEUU financia la desestabilización en Latinoamérica

Un artículo publicado en Washington sobre una investigación que revela la intervención de Estados Unidos para la desestabilización de los gobiernos del pueblo en Latinoamérica.

Cómo EEUU financia la desestabilización en Latinoamérica ... Colombia y Panamá escalas de dinero sucio

Investigadores de las instituciones universitarias estadounidenses han detectado en el marco del proceso que culminó con el derrocamiento del gobierno constitucional de Honduras, la participación de empresas y fundaciones vinculadas a bancos que se han involucrado en actividades desestabilizadoras en Venezuela, como el manejo de transferencias de dinero usando la vía de Panamá y de Colombia.



Los recursos para adelantar esa actividad salen a través de canales del sistema financiero y también mediante el envío en físico de fuertes sumas de dinero en moneda estadounidense. Los recursos se envían por intermedio de la fundación de un banco actualmente con graves problemas, y luego son distribuidos entre los beneficiarios “luchadores pro la libertad y la democracia”.



Las nuevas formas de financiamiento a la desestabilización del continente tienen como objetivo burlar los controles instalados no solo por el gobierno venezolano, sino también por los de Bolivia, Ecuador y Brasil. Hoy, se tiene absoluta certeza de que la National Endowment for Democracy (NED) está utilizando suelo panameño y colombiano.



Para abastecer financieramente a la oposición venezolana, por ejemplo, el dinero es colocado en el banco Davidendo, en cuentas pertenecientes a colombianos testaferros, reclutados especialmente para ellos por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Los miembros de la oposición venezolano viajan hasta la limítrofe ciudad colombiana de Cúcuta a fin de buscar el dinero, aprovechando la amplia frontera de más de dos mil kilómetros entre ambos países y las facilidades existentes para cruzar la línea limítrofe utilizando solamente la cédula de identidad.



Los testaferros colombianos retiran el dinero de la cuenta, se lo entregan a los venezolanos, y los custodian hasta su cruce a los estados venezolanos de Táchira y Zulia, gobernados por la oposición. Precisamente fue el 28 de mayo último cuando dirigentes estudiantiles opositores recibieron por esta vía la suma de 40 mil dólares para preparar acciones desestabilizadoras presumiendo que el gobierno bolivariano iba a cerrar la planta televisora Globovisión e intervenir la Universidad Central de Venezuela.



Pero nada de eso se dio, y el dinero aparentemente fue utilizado en actividades tendientes a provocar al gobierno constitucional. Nadie cree que el dinero haya sido devuelto a la NED.



Estas actividades corresponden a una gigantesca operación continental destinada a contener y a revertir los procesos de transformación social en la región. El golpe de estado en Honduras, el primero bajo la administración del presidente Barack Obama, representa un punto de quiebre de la inteligencia estadounidense contra los gobiernos populares.



Se trata de un verdadero globo de ensayo de toda una operación contra la izquierda latinoamericana del nuevo gobierno demócrata, cuyos próximos escenarios de acción serían Paraguay, Bolivia y un incremento de la desestabilización en Venezuela para colocar a la defensiva al gobierno de Hugo Chávez, donde las actividades coordinadas desde Colombia marcarán los tiempos.



Apenas terminada la reunión de la OEA, el gobierno de Estados Unidos, anunció la instalación de una base militar en Colombia, para sustituir a la de manta, Ecuador, de donde serán desalojados en breve.



En Colombia, las bases militares estadounidenses siempre han cumplido una función clara, que muy poco tiene que ver con la tergiversación oficial de su cometido, la del combate al narcotráfico. La militarización constituye el armazón primario sobre el que se monta el proceso de colonización de los Estados Unidos en la región, que se complementa con el andamiaje el económico.

Las actuales bases de Tres Esquinas y Larandia, en el departamento de Caquetá, y de Villavicencio, en el departamento del Meta, que operan con la presencia de aviones y la inteligencia técnica del Pentágono, llevan tiempo apoyando el combate a los grupos subversivos, vigilando las fronteras. Las nuevas instalaciones, según lo reveló la revista colombiana Cambio, son las cinco principales bases de la Fuerza Aérea y la Armada en el país: Apiay, Malambo, Palanquero, Cartagena y Bahía de Málaga, las que harían parte de la nueva “arquitectura del teatro” del Comando.



El gobierno de Estados Unidos perfeccionó durante la última administración de George Bush un método de injerencia que logra penetrar e infiltrar todos los sectores de la sociedad en los países de su interés económico y político, a través de la NED y la apertura de lo que en Venezuela se dio en llamar oficina de transición (OTI, por sus siglas en inglés) de la USAID.



Desde hace al menos seis años, los organismos de inteligencia eligieron a grupos estudiantiles –alumnos de “institutos privados de elite como la prominente universidad católica de Caracas”, según el diario- como cabeza de playa para la desestabilización en Venezuela. De la denuncia se ha encargado el diario Washington Post (03-12-2007) que confirmó la intervención económica de la USAID en ayuda de estos grupos opositores.



La nota, firmada por el corresponsal en Latinoamérica, Juan Forero, citaba al investigador de la National Security Archive de la Universidad George Washington, quien en base a documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, afirmó que grupos estudiantiles venezolanos recibieron desde 2003 considerables sumas de dinero de USAID para su “promoción de la democracia” y “otros programas”.



El diario citaba también a una portavoz de la embajada estadounidense en Caracas, Jennifer Rahimi, quien señaló que Estados Unidos apoya “actividades no partidistas de la sociedad civil”, pero que no financia a los movimientos de oposición. “No hay ninguna conspiración para influenciar el resultado del referendo constitucional”, dijo dos años atrás.



Pero las cifras de “ayudas” que figuran en la propia página web de la NED confirma este financiamiento (que se remonta a 1993, dice) a casi cuatro centenares de grupos estudiantiles, partidos políticos de oposición, supuestas organizaciones no gubernamentales, entre ellas algunas “defensoras de derechos humanos” y “defensoras de la libertad de prensa” en Venezuela.

En Bolivia, la USAID contrató la empresa Casals & Associates, Inc (C&A) para manejar decenas de millones de dólares que se otorgaron también a casi 400 organizaciones, partidos políticos y proyectos, sobre todo los que tienen que ver en el respaldo al secesionismo de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija...



Y ahora, en el derrocamiento de Manuel Zelaya, aparecen las pruebas del financiamiento de quienes implantaron la dictadura con dinero estadounidense. (Traducción de Theresa Pardez)



Washington, julio 2009

- Allan G. Greenberg, Archives for Democracy